Oscar Pineda
Este miércoles 28 de mayo concluyen las campañas para renovar el Poder Judicial en Tamaulipas. Un proceso inédito, marcado más por la incertidumbre y la improvisación que por la claridad institucional.
Elegir jueces mediante el voto directo es, en teoría, un avance democrático. Pero la ejecución ha dejado muchas dudas y abierto más preguntas de las que responde.
Desde el arranque, la elección fue cuesta arriba. La ciudadanía no conoce a la mayoría de los perfiles en competencia, y eso no es culpa del electorado. Los canales de comunicación fueron limitados, la difusión institucional escasa, y los debates —cuando los hubo— pasaron desapercibidos.
En un estado donde la justicia tarda, se negocia o se teme, este proceso debió haber sido un ejercicio de pedagogía cívica. No lo fue.
La judicialización de la política y la politización de la justicia es un fenómeno nacional, pero en Tamaulipas cobra un matiz delicado.
En un entorno donde el Poder Judicial ha sido, históricamente, percibido como cerrado, corporativo y muchas veces funcional a los intereses del momento, abrirlo al voto popular sin garantizar información, formación y participación efectiva puede ser un arma de doble filo.
El otro gran tema es la participación. ¿Qué tanto le interesa al ciudadano común esta elección? Hay que decirlo con franqueza: no mucho. No por indiferencia, sino por falta de contexto.
Pocos entienden cómo su voto impactará en la vida cotidiana o qué atribuciones tendrán quienes resulten electos. No es un problema de apatía, sino de diseño.
Y sin embargo, lo que está en juego es enorme. La justicia local necesita independencia real, jueces comprometidos con el Estado de derecho, y sobre todo, legitimidad ante la sociedad. Eso no se logra solo con votos, sino con transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, resultados.
El reto empieza después del 2 de junio: darle sentido, estructura y permanencia a un modelo que hoy parece improvisado. Si este experimento fracasa, será usado como pretexto para regresar a los viejos tiempos del nombramiento a puerta cerrada. Si funciona, puede abrir una nueva etapa para la justicia en Tamaulipas.
El problema no es que el poder se elija; el problema es que no se entienda.
—
EL PERSONAJE
Cada vez son mas las voces que aseguran que son varios los políticos de Tamaulipas a los que Estados Unidos les retiró las visas por presuntas investigaciones.
Se dijo del alcalde de Matamoros, Beto Granados y también del gobernador Américo Villarreal, pero ambos aclararon que la información era falsa y que hasta ahora no habían recibido información de Estados Unidos sobre la presunta cancelación.
Ahora las versiones apuntan al alcalde de Ciudad Madero Erasmo González Robledo, quien hasta ahora no ha aclarado si estos rumores también son falsos.
POSDATA
Con o sin acordeón, votar el próximo domingo será todo un parto
Saludos!
Oscar Pineda Tapia
Cel: 8341114875
Twitter @oscarpineda78
Facebook @oscarpineda78
