La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales. Las modificaciones buscan establecer que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados, deba regresar a la Conagua para que este organismo decida una mejor distribución y aprovechamiento de este recurso.
Después de que se apruebe en las cámaras, las autoridades revisarán que el agua se destine al uso para el que se solicitó cada concesión, por lo que se crea el Registro Nacional del Agua, el cual tendrá las herramientas para controlar y transparentar el régimen de concesiones y asignaciones.
La reforma también incrementa las sanciones. Multa de 20,000 a 50,000 UMA (que es de 2 a 5 millones de pesos) a quienes cambien el uso del agua para el cual fue concesionada; transmitan los títulos de concesión los permisos, y a quienes cedan, suministren, intercambien por pago en especie el uso parcial o total de las aguas en materia de los títulos de concesión o permisos.
