El asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, conmocionó a Michoacán, un estado que a diario vive entre homicidios dolosos y extorsión.
Ubicada en el Pacífico mexicano, es una entidad que no conoce la paz desde hace 20 años, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico por el entonces presidente Felipe Calderón.
La extorsión va en aumento, aunque se trata de un delito escondido entre el miedo y la cifra negra. De acuerdo con cifras del Inegi, el 96% de las extorsiones en Michoacán durante el 2024 se quedaron sin ser denunciadas. Incluso, hay años como el 2012 en los que llegó a 99.8%.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó a la Cámara de Diputados un paquete de reformas en materia de extorsión con sanciones más duras, homologadas en todo el país y castigos severos a delitos vinculados.
