Alfredo Guevara
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, está a días de sentar un precedente en la administración pública estatal.
Sería un objetivo que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA obtendría un reconocimiento, si se toma en cuenta que sería el primer gobierno, en cumplir con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Y es que, a poco más de una semana de que venza el plazo, el avance que se tiene en la presentación y cumplimiento de la declaración patrimonial 2026, es cercano al 70 por ciento.
NORMA ANGÉLICA constantemente destaca y reconoce al personal de dependencias que hasta ahora ha cumplido al cien por ciento con la presentación de la declaración simplificada o completa.
Entre estas dependencias, está el Colegio de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa como la de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.
La estrategia implementada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha funcionado y bien, dado que hay otras dependencias que, para este jueves, lo más probable es que el nivel de cumplimiento sea del cien por ciento.
En este contexto se encuentra la Secretaría General de Gobierno, la Oficina del Gobernador, Bienestar Social, Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo, la Universidad Politécnica, el DIF Tamaulipas, el Instituto de las Mujeres, por citar algunas.
Lo más importante, es que el llamado de NORMA ANGÉLICA ha tenido respuesta por parte de jefes de departamento hasta el nivel más alto, como del resto del personal.
De hecho, hay interés de la burocracia en general por cumplir con esta obligación y quitarse esta responsabilidad antes de que concluya el mes, tomándose en cuenta que no habrá prórroga.
En base al avance que se tiene, lo que resta del mes y el interés del personal por cumplir con esta obligación, podemos adelantar que el objetivo de NORMA ANGÉLICA se cumplirá.
Desde luego que será un logro importante, difícil y complejo, sobre todo cuando anteriores administraciones estatales no mostraron interés en dar cumplimiento a un acto en materia de transparencia y rendición de cuentas, como lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas. EN FIN.
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