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EL CONCURSO NO ESTABA AMAÑADO: EL CONCURSO ERA ÉL.

 

Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

No hay competencia cuando dos de las tres invitadas salen del mismo bolsillo.
Ricardo Azael Casanova Márquez era domador de caballos en Llera.

Hoy, sus empresas han facturado más de 350 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Casa Casve MX nació en 2020. Sus domicilios fiscales no son corporativos: aparecen casas en Valle de Aguayo, Las Rosas y el fraccionamiento Villarreal.

Grupo ID Rec se constituyó en septiembre de 2022, apenas una semana antes de que el actual gobierno de Tamaulipas tomara posesión.

Recibió, al menos, otros 14.6 millones de pesos.

En un concurso para contratar antenas satelitales, la Secretaría de Seguridad Pública invitó a tres empresas.

Dos estaban vinculadas a Ricardo “N”.
Casa Casve ofreció 4.9 millones de pesos.
Grupo ID Rec, 4.2 millones.

Ganó la segunda.

La tercera completó la terna.

¿Competencia real o expediente para justificar una decisión ya encaminada?

Porque aquí aparece la pregunta que ninguna diferencia de precio puede borrar:
¿Quién decidió invitar a dos empresas vinculadas al mismo hombre para competir entre ellas?

Del lado del gobierno aparecen las firmas de Porfirio González Reyes, Juan Diego Guadalupe Alemán Puga y Miguel Ángel Anaya Ramírez, en el procedimiento de Compras y Adquisiciones.
Cadena corta.
Destinatario único.
Eso ya era un esquema.
Lo que sigue lo convierte en tubería.

De acuerdo con la investigación ministerial, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas documentó transferencias desde esa red hacia Maniflosa, S.A. de C.V., empresa vinculada a Martín de Jesús Flores Rivera.
Y Maniflosa no aparece como un proveedor accidental.

El 19 de diciembre de 2024, la Secretaría de Salud notificó una invitación restringida.
Ocho días después, el 27 de diciembre, se firmó el contrato SST/SAF/DJ/DCYC/0163/2024, por más de 309 millones de pesos, para “equipamiento de unidades médicas”.

El 31 de diciembre —cuatro días después y en pleno cierre fiscal— se pagaron 199 millones de pesos.

Sin acuses de recepción.
Sin evidencia documental, según lo investigado, de un solo equipo recibido en un hospital.

Entre los participantes del procedimiento aparece incluso un domicilio fiscal ubicado en una juguetería.

En otros concursos relacionados con medicamentos aparecieron empresas vinculadas con la esposa y la madre de Flores Rivera.

El fallo, otra vez, favoreció a Maniflosa.
Dora Oralia Valdéz Zozaya, entonces directora de Recursos Materiales, y Martín Flores están denunciados ante la Fiscalía General de la República.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) del Gobierno Federal inhabilitó a Maniflosa por un año y un mes.
Tamaulipas ordenó no celebrar nuevos contratos con la empresa.

Y, aun así, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal, Maniflosa aparece como receptora de recursos provenientes de la red empresarial que había obtenido contratos en Seguridad Pública.

Dos partidas.
Un tubo.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta 175/2026 por presuntos delitos de cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de facultades.
La investigación incorporó a Flores y a Maniflosa dentro de la ruta de recursos que indagan las autoridades.

Una exsocia de Grupo ID Rec ya había denunciado a Ricardo “N” por presuntos hechos de despojo, amenazas y bloqueo del inmueble ubicado en Felipe de la Garza 1371, colonia Las Palmas, donde opera la firma.

La pesquisa terminó alcanzando también a los contadores.

Pero a estas alturas la pregunta ya no es si el caballista aprendió a facturar.

La pregunta es otra: quién le armó el concurso.

Más de 350 millones de un lado.
309 millones del otro.

199 millones pagados en cuatro días.
Carpeta 175/2026.

Las empresas pueden facturar.

Los proveedores pueden cobrar.

Los contadores pueden dispersar.

Pero el dinero público no sale solo.

Alguien invita.

Alguien califica.

Alguien recibe.

Alguien firma.

Y alguien paga.

Si la Fiscalía se queda en los facturadores y no llega a los firmantes, no investiga una red.

Administra el escándalo.

El problema no es que el concurso estuviera amañado.

El problema es que el concurso era él.

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