El «Plan B» anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum —tras el fracaso de su primera propuesta— ya no tocará los recursos de los partidos; sin embargo, enfila sus baterías hacia los congresos locales y ayuntamientos, lo que plantea riesgos a los límites constitucionales, advierten constitucionalistas y expertos electorales.
De acuerdo con la mandataria, el propósito del »Plan B» es destinar a necesidades sociales los recursos públicos que se logren ahorrar, los cuales –según estimaciones del gobierno– ascenderían a alrededor de 4,000 millones de pesos.
Mientras llega la propuesta formal al Congreso, el Partido del Trabajo (PT) acusó maltrato inmerecido por haber rechazado el »Plan A» de reforma electoral y advirtió que se analizará el nuevo »Plan B» antes de definir su voto… pero ya le puso algunos ‘peros’.
