El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplicó por primera vez la reforma constitucional sobre «supremacía constitucional» para desechar siete controversias de congresos y poderes estatales en contra de la Reforma Judicial.
Ocurrió mientras el Estado mexicano, a través de funcionarios del gobierno federal, emprendió su defensa de la Reforma Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que hubo un profundo debate previo, que se cumplió con todo el proceso legislativo por amplio consenso y que no se afectará a los trabajadores, no obstante, admitió que no hubo un diagnóstico que llevara al cese masivo de juzgadores.
Los argumentos del oficialismo fueron expuestos apenas unas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionara la rapidez con la que la Comisión Interamericana abordó el contenido de la Reforma Judicial y asegurara que está equivocado quien considera que hay otros mecanismos para frenar la elección de ministros, magistrados y jueces.
