Por Felipe Martínez Ch
Cd. Victoria, Tamaulipas.- De esta ya no se “levanta”, aunque ofrezca regalar automóviles último modelo y retirarse de la política. Su error fue involucrarse con los cabezones. Al final es la única que perdió.
YAC escogió mal a sus amigos; la llevaron por el camino incorrecto de la historia. Pagará con una carrera política y lo más probable es que pise cárcel en 2027. Es virtualmente el camino marcado.
No quiere manifestar que, en el ejercicio administrativo -secretaría de Bienestar- no se mandaba sola.
Si bien no pertenecía al equipo cercano, los que se repartieron el pastel ¿por qué tanta lealtad?. Si no tomaba decisiones ¿por qué no dice la verdad para salvar su pellejo?. Los años en la sombra pueden ser menos.
La lealtad termina donde comienza la responsabilidad penal ¿prefiere cargar con todo?. Ningún funcionario está obligado eternamente a cargar culpas ajenas ni a convertirse en escudo humano de quien ocupaba la oficina principal de Palacio.
Suena infantil que más de una docena de integrantes del gabinete hayan cometido ilícitos de manera simultánea, cada uno por su cuenta, sin conocimiento del Gobernador, cuando la jerarquía de mando es vertical.
Fantasioso que todo el gabinete se descompuso y cayó en actos de corrupción, mientras el jefe estaba encerrado en su despacho, inocente, distraído y ajeno a lo que ocurría con miles de millones saqueados.
Extraño que -al menos no se ha divulgado- los que estamparon la firma por instrucciones de arriba, como Gilberto, Rómulo, Jesús Alberto, Elda y Lourdes, entre otros, no hayan externado cómo fueron las pillerías ¿prefieren pagar con cárcel que delatar?.
No se mandaban solos. En gobierno hay un sistema vertical de mando en que las decisiones se toman desde Palacio.
En el mundo de la especulación se habla que el coordinador familiar de la corrupción fue Ismael, el hermano Lelo. Si fue cierto ¿por qué no lo dicen?. Hablase que llegó a tener “a cuota” a gerentes de Comapas.
Si Yac dice que no manejaba dinero, no autorizaba pagos ni decidía licitaciones ¿quién lo hacía? ¿quién ordenó comprar las despensas? ¿quién evitar los concursos públicos? ¿a qué empresas beneficiar?. Disponer de casi mil millones de pesos no lo puede decidir un mortal secretario. Implica movimientos concertados de todo el aparato administrativo.
Tal vez por la secrecía del proceso no sabemos mucho sobre las declaraciones de los aludidos. En la docena de vinculaciones no hemos visto por ejemplo el nombre de un Carlos Valdés Suárez, secretario técnico del Comité de Compras ¿estuvo cruzando los pantanos sin mancharse el plumaje?.
Se le identifica más como empresario que en la administración pública. Su currículum dice que es dueño y socio de empresas como Proyección y Expansión Empresarial, HECA Restaurantes e Industrias Innopack.
Recordemos que la mayor aparte del billete se entregó en charola de plata a empresas como JD Abarrotes y Perecederos y Aldekom, con domicilio en la zona sur ¿quién decidió, el gobernador o el gobernadorcito?.
En Bienestar eran subsecretarios Ciro Hernández Arteaga (ahora se dice moreno) y Arturo Soto Alemán ¿tuvieron alguna influencia?.
La Fiscalía no debería conformarse con llevar al banquillo a quienes firmaron la última hoja del expediente. Su obligación es reconstruir toda la cadena de mando. No es una propina de restaurante lo que se malgastó.
Si no quieren soltar la lengua, allá ellos. A nivel de cancha el respetable sabe que no se mandaban solos. Recibían instrucciones del más alto nivel. La corrupción fue proyecto y sistema en el gobierno panista. Procesar parejo y no casos aislados, es lo más correcto.
En la UAT, la noticia es que reunió a 3,426 participantes de más de 30 instituciones de la región noreste del país, durante el ciclo webinarios “Tutoría con Sentido: Charlas de Salud Mental Universitaria”, cuyo propósito fue consolidar un espacio de intercambio de experiencias.
La representación del Rector Dámaso Anaya Alvarado la llevó la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González, quien presidió el encuentro virtual desarrollado en el marco de actividades de la ANUIES.
Vaya, que los aspirantes de Morena a la diputación federal por el V distrito, Victoria, tienen un competidor más, Román Enrique Pérez Bock, dirigente de una presunta organización Tamaulipecos en Texas, donde es empresario y dueño de Jaguar Tax Pros.
Activista del PAN en 2018, le hizo la lucha a diputado local y alcalde y regidor de Tula, pese a que él es originario de Tampico pero criado en Madero entre las colonias Arbol Grande y Tamaulipas.
Es un chapulín. En 2018 fue candidato del PRD a segunda regiduría de Tula. No llegó. El TRIFE se la entregó a María Gómez Rosales.
Después de participar en la campaña panista de Chava Rosas, en Nuevo Laredo, en 2019 se registró como aspirante de Morena a diputado local por el distrito de Xicoténcatl. No llegó.
Se incorporó a Ruta 5 y, en febrero del 2021, la agrupación lo propuso como diputado federal, ahora por el distrito VI federal, El Mante.
Después de fracasar en esos partidos, en 2024 ”apareció” como coordinador de Mexicanos en el Exterior en Tamaulipas, apoyando las candidaturas de la 4T en el lado americano.
Ahora se dice militante de Morena y quiere ser diputado federal por Victoria. Este viernes tienen encerrona con periodistas.
