Un nuevo debate entre el oficialismo y los políticos de oposición se generó por el dictamen que establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna.
Morena y sus aliados señalan que la reforma refuerza y garantiza que no se extralimite el desempeño de los juzgadores, además de que asegura el blindaje del reformador permanente de la Constitución. Sin embargo, la oposición asegura que se violarían derechos y hasta tratados internacionales.
La iniciativa surge en medio de la confrontación entre el Poder Judicial con los poderes Legislativo y Ejecutivo por la Reforma Judicial. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) no ha cerrado la puerta a echar para atrás los cambios constitucionales que llevarán a México a la elección de ministros, magistrados y jueces; por el otro, la presidenta Claudia Sheinbaum y las mayorías en el Congreso de la Unión insisten en que ya nada frenará la votación popular.
