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La ley es la ley

Por Oscar Díaz Salazar

El abogado Marcelo Olán no fue la primera opción que buscaron los emisarios del (entonces) gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar la denuncia contra el hoy alcalde Carlos Peña Ortiz, por la compra de un terreno rústico, o de un rancho, para decirlo en el idioma español cotidiano.

Marcelo Olan fue contratado por personeros del gobierno panista, para presentar una denuncia por presuntos hechos delictivos, de los que no tenía conocimiento previo, ni interés jurídico, ni manera de investigar, ni información.

Antes de convencer a quien presentó la denuncia formal, recurrieron a otra persona que recibió el adelanto por la maniobra, pero no cumplió su tarea, lo que llevó a los «operadores» al servicio de Cabeza de Vaca, a suponer que también cobró a la parte que se iba a demandar, por no presentar dicha demanda.

A posteriori, un Notario Público, me comparte su opinión sobre la demanda contra Carlos Peña Ortiz, diciéndome que todos los problemas que hoy tiene el presidente de Reynosa, se hubieran evitado con el pago (y la hechura) de dos escrituras, una de compra venta en la que el adquiriente fuera la madre, el padre o la abuela del alcalde reynosense, -que tienen manera sobrada de justificar el dinero para adquirir el predio- y una posterior de donación para el hijo o nieto, según sea el caso. Agrega el fedatario que por ahorrarse cincuenta mil pesos de una escritura, hoy tienen muchos problemas.

La demanda contra el alcalde de Reynosa, forma parte del paquete de litigios y querellas que utilizó el gobierno cabecista para perseguir a los opositores a su gobierno, en las que hizo un uso faccioso de las instituciones.

La demanda contra el munícipe reynosense tiene el mismo origen y propósito que la demanda contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, que lo llevó a auto exiliarse en Estados Unidos; la denuncia contra Francisco Villarreal Santiago por los supuestos depósitos millonarios en dólares expedidos a una cuenta bancaria en un paraíso fiscal; la acusación (mediática) contra la madre de la hoy candidata Olga Sosa, también por supuestos depósitos hechos a su cuenta bancaria; el encierro del presidente municipal de Casas y él encarcelamiento de la abogada Susana Prieto, entre muchos otros.

La demanda contra el munícipe reynosense es de origen y propósito político. Su vigencia también lo es. Si las demandas contra estos actores políticos de morena, entre los que también se incluyen los alcaldes con licencia de Ciudad Victoria y Matamoros, fueron fabricados por el gobierno panista de Cabeza de Vaca, estás denuncias, «carpetas», demandas, recursos o cualquiera que sea el término que defina la situación actual del problema legal, deberían de estar cerradas, finiquitadas, resueltas, y si no ha ocurrido así, es porque siguen siendo instrumentos de coacción del gobierno, o para ser más precisos: del Poder Ejecutivo, que en México es el poder que sí puede y al que se subordinan los otros poderes.

La ley es la ley

La complicación del asunto del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña, es por no atender el llamado de la autoridad que citó el edil reynosense a un Juzgado de San Fernando Tamaulipas. Es entendible que Carlos Peña no acudiera al llamado, pues las autoridades de Cabeza de Vaca ya habían dado muestras de no respetar los procedimientos apropiados y de actuar por consigna de la Vaca Salvatrucha.

En este asunto de Carlos Peña, quienes quieren verlo fuera de la contienda por la reelección, caen en ese argumento que tantas veces ha sido tema del presidente Lopez Obrador, cuando reprueba la consigna que tanto gusta a «los conservadores» y que afirma: «la ley es la ley, y hay que cumplirla»

Uno de los grupos que coexisten en el gobierno del Estado, el que comanda la Consejera Jurídica, Tania Contreras (antes Atanasia), comparte esa convicción, de que la ley es la ley, entendible en ella que estudió Derecho, aunque su desarrollo laboral no ha sido precisamente en la litigada, pero no debe ser esa máxima de la ley es la ley, la que impere en un gobierno que se concibe a imagen y semejanza del gobierno federal, en el que más de una vez el presidente a diferido de esa consigna.

La política tiene muchos instrumentos y no sólo el de la ley. Por olvidar el diálogo, la negociaron, la comunicación, la promesa, incluso la confrontación, por no utilizar todos los instrumentos de la política, la situación se les puede complicar, a quienes desde el gobierno alientan la discordia en donde no logran imponer su voluntad de manera unilateral.

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