José Ángel Solorio Martínez
El alcalde de Madero, Tamaulipas, Erasmo González Robledo destapó el intento de despojo de terrenos públicos en Playa Miramar -190 mil metros cuadrados, cuyo precio es de 7 mil pesos por metro- en el que están involucrados políticos como Adrián Oseguera Kernion y -se sospecha- el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de interpósitas personas.
Fueron revocadas ocho claves catastrales -dijo-.
Faltan cuatro de revertir.
El monto total del atraco pudo haber sido -de no frenarse- es una cifra multimillonaria: mil 330 millones de pesos.
La malversación pudo concretarse, gracias a la complicidad de Notarios del sur de Tamaulipas.
Se infiere que incurrieron en un delito -los fedatarios públicos- porque siendo concesiones federales, las convirtieron en propiedad privada: las escrituraron con la venia del Registro Público de la Propiedad del Estado.
Otro dato: funcionarios del Registro Público, también están involucrados en los fraudulentos movimientos de funcionarios municipales del ayuntamiento de Oseguera Kernion y del gobierno del estado.
Esto se infiere, porque los trámites fueron realizados durante el trienio de Adrián. Es decir: antes del 2024.
Aún hay mucha tela de donde cortar.
¿Serán llamados a declarar los Notarios?
¿Se revisará el FIAT de esos representantes del gobernador?
¿Seguirán operando en la zona como si nada hubieran hecho?
El asunto reviste un dato grave: ¿cómo mantener la confianza en unos funcionarios que deberían ser ejemplo de rectitud y honradez, toda vez que el gobernador les otorgó su representación y no la desempeñaron con pulcritud?
El hecho, sería suficiente para iniciar una limpieza a fondo en la red Notarial del estado. Sería prudente, terminar con la potestad exclusiva del Ejecutivo estatal, de otorgar FIAT el fin de su sexenio a amigos, a abogados sin principios y a mercaderes de la ley.
También la Fiscalía General de Tamaulipas debería intervenir. Es público y notorio: ofertaron los terrenos de oportunidad a 7 mil pesos metro cuadrado; una ganga, porque los prometían legalmente escriturados.
¿No es un delito?
¿Entonces qué espera el anodino fiscal Eduardo Govea Orozco?
No sólo hay que sancionar a los políticos que se atrevieron a robar esos predios a la nación. Son partícipes en ello, Notarios y funcionarios del Registro Público.
¿Y el fiscal anticorrupción?
Es tiempo que desquiten sus descomunales salarios.
