En medio de las protestas a nivel nacional, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México se pronunciaron en contra de los efectos económicos que puede provocar la reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ken Salazar, representante de EU, advirtió que la elección popular de jueces pone en riesgo la relación comercial histórica entre Estados Unidos y México; argumentó que el narco puede introducirse en el Poder Judicial y provocar un deterioro en el Estado de Derecho. Por su parte, el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas canadienses se han mostrado preocupados por la eventual aprobación de los cambios constitucionales.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, respondió que en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.
En un intento por poner paños fríos a las reacciones de los mercados financieros y de otros personajes -como sus principales socios comerciales-, el oficialismo propuso más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, los analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la esencia de la iniciativa original.
