Evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas no solo depende del fortalecimiento de los protocolos de selección al interior de los partidos, requiere también de un esquema de sanciones que alcance a los partidos que los postulan y medidas de anulación que encarezcan la participación política de los grupos criminales, coinciden especialistas.
Durante los últimos años, el tema está presente en los discursos oficiales y a través de propuestas de ley que buscan el blindaje de las candidaturas, pero los casos se repiten. Una muestra es la reciente detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación , quien llegó postulado por Morena, aún cuando en su historial tenía acusaciones previas de presunta corrupción.
Establecer medidas de impacto como la llamada «muerte civil», a través de la cual se inhabilita a las personas para ocupar cargos públicos, y, en casos graves, retirar el registro a los partidos políticos que postulan a los candidatos obligaría a los partidos a ser mucho más selectivos con sus perfiles, advierten expertos.
