Más allá de la perforación de ductos y el robo de combustible mediante pipas de Pemex, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como uno de sus principales objetivos el combate al huachicol fiscal, una modalidad delictiva que opera a través de complejas redes marítimas y terrestres en las que participan empresarios, políticos y servidores públicos.
Aunque el término huachicol fiscal comenzó a cobrar relevancia desde alrededor de 2010, esta práctica adquirió mayor notoriedad durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de los focos de atención de la administración de Claudia Sheinbaum desde sus primeros meses.
A diferencia del robo de combustible directamente de ductos o del saqueo de pipas de Pemex, el huachicol fiscal opera mediante el contrabando de combustibles importados, que ingresan al país bajo declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir total o parcialmente el pago de impuestos.
