Por Oscar Díaz Salazar
Está por concretarse la reforma para evitar el nepotismo en las elecciones. Entrará en vigor una prohibición para que sean postulados a un cargo público, quienes sean familiares directos de quien ejerce actualmente el cargo.
Sin conocer los detalles de la reforma y del (proyecto) de ley, me atrevo a compartirles mis dudas sobre la pertinencia y justicia de dicha ley, que limita a quienes quieren participar en las elecciones, por la discutible razón y circunstancia de tener un familiar que ya tiene un encargo en la función pública.
De inicio les digo que es común y natural que en una misma familia se interesen, y se involucren, más de un integrante en la política y la administración pública, pues lo mismo ocurre con cualquier otra actividad humana, como lo prueban las familias de empresarios, de deportistas, de médicos, de artistas, de cantantes, de banqueros o de profesionistas de una misma disciplina.
Creo que la prohibición no debe limitar los derechos políticos de los ciudadanos para votar y ser votados, y para aspirar a un cargo público. Considero que el énfasis debe ser preventivo y aplicar la ley, y reglamentarla, para que sea efectivo lo que ya tenemos como normas jurídicas en relación al nepotismo, lo que implica la aplicación estricta de la prohibición para la contratación de familiares en las entidades gubernamentales.
Caso especial son los supuestos entes asistenciales, como el DIF y sus variantes y ramificaciones, que han servido para la exposición pública, mediática y el empoderamiento de cónyuges, hijos, madres y familiares diversos, que utilizan los amplios recursos puestos a su disposición, -aunque sin la responsabilidad respectiva,- para construir su imagen y proyecto político.
La Ley Electoral se ha vuelto una especia de Constitución alterna, porque los diversos factores que inciden en las elecciones requieren ajustes para cerrarle la puerta a los abusos y trampas, que terminan haciendo crisis y volviéndose muy visibles, precisamente en tiempo de campañas y elecciones.
Pero creo que debemos ajustar las leyes y hacer que se cumplan, antes de seguir empoderando al supremo poder electoral, que por cierto ya no es del agrado de la oposición, porque ahora es gobiernista… como siempre lo ha sido.
