Hospitales sin equipos médicos, escuelas sin agua, luz e internet y un transporte público deficiente son resultado de una disminución constante en la inversión pública.
Esa caída trae como consecuencia un menor gasto en infraestructura o servicios y que la población no ejerza derechos básicos que debe garantizar el Estado, como salud, educación, agua y movilidad.
El gobierno de Claudia Sheinbaum busca revertir esa tendencia con un plan que, aunque avanza en la dirección correcta, expertos consideran que enfrenta varios retos.
Esta semana, la presidenta presentó una iniciativa de ley para abrir a las empresas la participación en obras públicas estratégicas, por lo que propone cambios en los modelos de financiamiento para que el Estado, la iniciativa privada y el sector social puedan financiar y construir obras a largo plazo.
