Por Oscar Díaz Salazar
De a poco, paso a pasito, han ido perneando en México las propuestas del presidente gringo, Donald Trump, particularmente el planteamiento de culpar a los demás por los problemas propios y de ahí proponer compensaciones monetarias a quienes interactúan con ellos.
Tres ejemplos recientes tenemos en la región, de autoridades de diferentes partidos que han salido a proponer la aplicación de cobros a quienes ingresan o pasan por el territorio que gobiernan.
Primero (en el tiempo) fue el presidente municipal de Reynosa quien pretendió aplicar un cobro a los transportistas de carga que circulan por la mancha urbana.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también ha planteado la expedición (y cobro) de placas de circulación vehicular, provisionales, para los visitantes a Nuevo León, adicionales a las que el vehículo porta y que le permite la libre circulación por todo el territorio nacional, de acuerdo a la Constitución, el pacto federal y leyes que se desprenden de la carta magna.
Lo más reciente es la propuesta del diputado local panista, Gerardo Peña, para establecer un cobro a quienes circulen por territorio estatal con placas foráneas.
Bien harían estas autoridades en leer el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Artículo 11. Libre Tránsito
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Es preocupante que estén surgiendo imitadores del presidente Trump, que pretendan romper el pacto federal y establecer trabas a la libre circulación de personas, vehículos y mercancías en el territorio nacional.
