La movilización del pasado 15 de noviembre, convocada por la Generación Z, generó polémica por la actuación de los elementos de seguridad y las confrontaciones que dejaron 120 personas lesionadas y 29 detenidos, quienes enfrentan acusaciones por robo, resistencia de particulares y hasta tentativa de homicidio.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que en la marcha participaron políticos y aseguró que en su gobierno no se reprime, mientras que las autoridades capitalinas defendieron la actuación policial y sostuvieron que se apegaron a los protocolos establecidos; sin embargo, familiares de detenidos y grupos de oposición señalaron que se usó el peso del Estado para reprimir la protesta.
Politólogos consultados por Expansión Política señalaron que, aunque las manifestaciones son un derecho constitucional en el ámbito local y federal, el mensaje emitido desde el gobierno y la narrativa construida en torno a los convocantes profundizaron la polarización política a nivel nacional.
