A medida que se acerca la entrada de los juzgadores electos el 1 de septiembre, aumenta la preocupación de los jueces y los magistrados que dejarán sus puestos, por la falta de certeza sobre el pago de la liquidación que les corresponde.
La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo –por declinar a participar en la elección judicial o no resultar electos– tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos está en vilo.
Aunque el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, promete que «se va resolver todo», está en riesgo el destino de más de 10,000 millones de pesos que formaban parte de los fideicomisos del Poder Judicial y que se destinarían a dichas liquidaciones.
