La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir a los gobiernos federal, estatales y municipales promover la participación ciudadana en la elección judicial generó rechazo y una cascada de impugnaciones.
La resolución “prohibicionista” del INE, como acusó Loretta Ortiz, ministra y candidata a mantenerse en el cargo, ya fue impugnada por ella. Lo mismo harán el Poder Ejecutivo, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Poder Legislativo, tal como lo acordó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, aspirantes a jueces, magistrados y ministros usan sus cuentas personales para difundir videos cortos en los que también se ponen sobrenombres y lanzan lemas de campaña.
Destacan las ministras Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes incluso ponen en riesgo sus postulaciones por la realización de eventos masivos, la entrega de dádivas y por la insistencia en vincularse con los partidos políticos, tres de los elementos prohibidos en la Reforma Judicial.
