La presión del gobierno de los Estados Unidos y los efectos de la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas comienzan a sentirse en el país.
Endurecimiento de estrategias frente a los cárteles de la droga, aprehensiones a sus miembros por parte de las autoridades, entrega de reos a las autoridades estadounidenses, hasta iniciativas para quienes sean aliados o faciliten las operaciones de delincuencia organizada, son algunas de las acciones que se han visto, luego de que la administración estadounidense acusara que México está dirigido por los cárteles.
El viernes pasado, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista que recomendaría investigar a políticos mexicanos ligados a grupos dedicados al tráfico de drogas y de personas, mientras se conoció que a finales de enero el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, amenazó a jefes militares de México con “medidas unilaterales” en contra de los cárteles, si no hacen algo al respecto.
Esto, a la par de que en México expertos señalan que la designación de Estados Unidos puede traer efectos negativos para empresas u organizaciones que incluso paguen extorsiones a los miembros de los cárteles, pues podrán considerarse como financiamiento al terrorismo.
